#Huachicol

(La Razón) En los últimos seis años, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha emitido advertencias y recomendaciones a través de señalamientos y al menos seis auditorías respecto a la detección de rutas que permiten el flujo masivo de contrabando de combustible en México, conocido como huachicol fiscal.

El combustible que ingresa al país mediante artimañas documentales, subfacturación y clasificaciones modificadas, que se declara como otros insumos exentos o de menor carga fiscal, como son aditivos, lubricantes y aceites, se ha convertido en una industria ilegal paralela a la oficial.

A diferencia del robo físico de ductos, esta modalidad opera en las sombras del sistema tributario, aprovechando vacíos legales y controles deficientes que la ASF ha denunciado en busca de que se logren cerrar las compuertas.

En el mismo periodo, entre 2019 y 2024, dicha actividad ilícita generó un quebranto al erario público por 554 mil 750 millones de pesos, recursos que el gobierno dejó de cobrar por concepto de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

El monto corresponde al impuesto no cobrado por 120 mil 726 millones de litros no declarados en ese periodo a su entrada a México, de acuerdo con un cálculo realizado a partir de cifras de exportación reportadas por la Energy Information Administration (EIA, por sus siglas en inglés) y de importación de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Entre 2019 y 2024, la ASF ha documentado las fallas sistémicas que permiten la operación del mercado negro de combustibles, emitiendo recomendaciones específicas a las instituciones encargadas de vigilar el sistema fiscal energético: desde las aduanas hasta la Secretaría de Energía (Sener), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En 2019, la auditoría 2019_0047_a destapó prácticas que actualmente continúan siendo el modus operandi del huachicol fiscal: errores sistemáticos en la clasificación de créditos fiscales vinculados a gasolinas y diésel, y el uso recurrente de Registros Federales de Contribuyentes (RFC) genéricos en pedimentos aduaneros que ocultan la identidad de los importadores reales.

Los auditores detectaron entonces vulnerabilidades técnicas y de control, como son el registro inadecuado de claves, ejecución deficiente de controles aduaneros y la complejidad normativa del IEPS, que facilitaban el contrabando de combustibles.

Un año después, en 2020, la ASF realizó la auditoría de cumplimiento 2020-5-06E00-19-0047-2021 respecto a la Gestión Operativa y Recaudatoria de la Aduana de Manzanillo, en la que hizo una recomendación directa al SAT: diseñar, elaborar e implementar manuales específicos de operación, a fin de fortalecer el control interno, delimitar funciones, atribuciones y competencias que mitiguen el riesgo de error u omisión en las revisiones de las operaciones de la aduana?.

Y es que gran parte del combustible que se mueve en el mercado negro ingresa mediante importaciones irregulares, subfacturadas o con clasificaciones arancelarias incorrectas que permiten pagar menos impuestos o eludirlos por completo.

En 2021, a través de la auditoría de cumplimiento 2021_0208: ?Cadena de valor de las gasolinas?, dirigida a la CRE y a la Sener, como parte de la Cuenta Pública de ese año, la ASF advierte que, en la auditoría, no en todos los casos los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo que condiciona la posibilidad de evaluar resultados regulatorios y supervisores.

Asimismo, la dependencia detectó carencia de criterios formales para resolver permisos de importación, por lo que recomendó a la Sener que definiera y formalizara los criterios para determinar la resolución de los permisos de importación de gasolinas.

Mientras que en la CRE se detectó falta de información sobre volúmenes e inversiones de permisionarios, así como cumplimiento de permisos.

Para 2022, a través de la auditoría de desempeño 2022-0-06100-07-0283-2023, la ASF recomendó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) fortalecer los procedimientos penales y formular requisitos de procedibilidad ante el Ministerio Público por la probable comisión de delitos como defraudación fiscal y contrabando.

En el mismo año, la auditoría 2022-5-90T9N-07-0154-2023 al SAT reveló falta de actualización e inconsistencias en los registros de importación de combustibles, lo que dificulta el seguimiento y control de las mercancías.

Además, identificó ausencia de coordinación entre autoridades aduaneras y otras entidades gubernamentales, así como deficiencias en la infraestructura de control: instalaciones y equipos que no cumplen con los estándares necesarios para detectar irregularidades.

Un año después, en la auditoría 2023-2-90T9N-07-0321-2024, realizada a la SHCP, se encontraron inconsistencias en la documentación presentada para la importación de combustibles que podrían facilitar prácticas ilegales, y se detectaron posibles riesgos en la aplicación de estímulos fiscales que podrían resultar en evasión.

La recomendación incluyó mejorar la capacitación del personal encargado del control aduanero. Respecto a dichas recomendaciones en las auditorías, en todas se establecieron argumentos respecto a la mitigación de las observaciones, sin embargo no se acreditó la solventación plena de ellas.

A pesar de las auditorías, informes y recomendaciones, el ilícito ha ido al alza en los últimos años.

Los señalamientos de la ASF por el tema de huachicol, por año, incluyen:

2019

Identifica errores en la clasificación de créditos fiscales vinculados a gasolinas y diésel.

Revela uso de RFC genéricos en pedimentos aduaneros que ocultan la identidad de importadores reales.

Registro inadecuado de claves, ejecución deficiente de controles aduaneros y complejidad normativa del IEPS.

2020

Recomienda al SAT diseñar manuales para delimitar funciones que mitiguen errores en revisiones aduanales.

Dice que el combustible ilegal ingresa mediante importaciones irregulares, subfacturadas o con clasificaciones arancelarias incorrectas para eludir impuestos.

2021

Señala carencia de criterios formales para resolver permisos de importación de gasolinas.

Falta de información sobre volúmenes e inversiones de permisionarios, así como cumplimiento de permisos.

2022

Recomienda a la SHCP fortalecer los procedimientos penales y formular requisitos de procedibilidad ante el MP ante defraudación fiscal y contrabando.

Revela falta de actualización e inconsistencia en registros de importación, lo que dificulta el seguimiento y control.

Identifica ausencia de coordinación entre autoridades aduaneras y de otros niveles.

Ve deficiencias en la infraestructura de control, instalaciones y equipos que no cumplen estándares para detectar irregularidades.

2023

Halló inconsistencias en la documentación presentada para la importación de combustibles que podrían facilitar prácticas ilegales.

Detectó posibles riesgos en la aplicación de estímulos fiscales que podrían resultar en evasión.

Nota original:

LA RAZÓN