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El Senador Toño Martín del Campo presentó ante el Pleno del senado un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a garantizar atención inmediata y efectiva a las manifestaciones relacionadas con el maíz, el acceso al agua y la seguridad en diversas regiones del país.

El Punto de Acuerdo solicita que se establezca un precio de garantía justo para el maíz que refleje los costos reales de producción y permita la permanencia económica de pequeños y medianos productores; que se revise y adecue el marco hídrico nacional para asegurar un acceso equitativo y sostenible al agua para uso agrícola, comunitario y humano, preservando los derechos adquiridos; y que se ponga en marcha un programa nacional de seguridad rural y carretera con presencia efectiva, acciones de prevención, inteligencia operativa y protección frente a extorsión, robo y violencia que afectan a productores y transportistas.

El senador señaló que estas medidas deben aplicarse garantizando en todo momento el respeto al derecho constitucional a la libre manifestación, evitando la criminalización y cualquier uso de la fuerza contra quienes participan en las protestas.

La proposición expone que las recientes movilizaciones en distintos estados del país han reunido a productores agrícolas, comunidades rurales y transportistas que expresan inquietudes relacionadas con los costos de producción del maíz, la disponibilidad y regulación del agua y las condiciones de seguridad en carreteras. 

También señaló que en distintas regiones persisten condiciones de sequía y limitaciones de infraestructura hídrica que han generado preocupación entre las comunidades del campo ante eventuales modificaciones normativas, así como datos sobre incidentes delictivos en zonas rurales y carreteras que han impactado directamente a quienes transportan mercancías y productos agrícolas.

Toño Martín del Campo explicó que este exhorto tiene como propósito que las autoridades competentes atiendan de forma directa las causas señaladas por los ciudadanos que participan en las manifestaciones vinculadas al maíz, el agua y la seguridad, a fin de dar respuesta institucional a las demandas planteadas.