miércoles 26 de enero del 2022 | Aguascalientes, México

Opinión
CONSULTA POPULAR: ¿ÉXITO O FRACASO?
09 de Agosto, 2021

#Opinión

Por Alfredo Femat

En cumplimiento a lo impulsado por el titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, en su obsesión de llevar a cabo la primera Consulta Popular al Pueblo, para juzgar a los expresidentes de México considerando a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, con el fin de que el pueblo opine y castigue las conductas y lesiones que afectaron al país y sus nacionales. En un episodio que AMLO le ha llamado “etapa neoliberal”.

 

 

La Consulta está fundada en el artículo 35 fracción VIII Constitucional, que dispone que la Consulta Popular deberá ser: I.- Convocada por el Congreso de la Unión a petición de: a).- el presidente de la República; b).- El equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión y c).- El 2% de los ciudadanos inscritos en el listado nominal en los términos que determine la ley. II.- Para que la opinión tenga efectos vinculantes con los Poderes Ejecutivos y Legislativos federales, deberán haber opinado al menos el 40% de los inscritos en el listado nominal; III.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación, calificará la calidad de constitucional la materia de la consulta; IV.- El Instituto tendrá a su cargo la organización, la difusión el desarrollo, el cómputo y la resolución de los resultados; V.- Las consultas deberán desarrollarse el primer domingo de agosto; VI.- Las resoluciones del Instituto nacional Electoral podrán ser impugnadas con fundamento en los artículos 41 fracción IV y 99 fracción III de la Constitución. Estos son los principios rectores fundamentales, que deberán acatarse puesto que, al ser violados, la consulta popular será inconstitucional y por tanto se puede anular. Es decir, convertir en la nada jurídica.

 

 

El primer requisito lo cumplió el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que lo repitió en las “mañaneras” con declaraciones contradictorias; mientras declaraba que él no era vengativo y por ello se manifestaba en contra de que se sancionara a los expresidentes; a la vez, se contradecía señalando que tampoco era tapadera de nadie y dejaba al pueblo que ejerciera su derecho para acabar con la corrupción y la impunidad. Pareciera que daba por hecho que los ciudadanos que concurrieran a emitir su opinión serían en un alto porcentaje superior al 40% requerido y por ello afirmaba que él no los enjuiciaría sino la fiscalía de la nación, entidad autónoma.

 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, no solo calificó la constitucionalidad de la materia de la consulta popular que había ordenado el titular del Ejecutivo, sino que se dió a la tarea de redactar y sancionar en el pleno el texto de la pregunta que está investida de constitucionalidad, es decir, en caso de modificarla -aunque fuera una coma-, sería inconstitucional y por ende nulo el proceso de opinión.

 

 

La tarea de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no era fácil, ya que debía encontrar -con la sabiduría de Salomón-, cómo hacer una amalgama de dos modelos de democracia que no tienen viabilidad de cohabitar; en una circunstancia de ejercicio simultáneo con objetivos no sólo diversos sino incluso contrarios; con metodologías extremas y normatividades antagónicas; al grado de excluirse entre sí.

 

 

En efecto, la Democracia Participativa y la Democracia Representativa, solo tienen un común denominador que hace sinergia en el fondo; ambas consideran que la soberanía radica en el pueblo. La diferencia estriba en quien ejerce la personería jurídica para crear y ejercer las políticas públicas generadas por actos de autoridad, que sean legítimos y no arbitrarios.

 

 

La Democracia Participativa Directa se ejerce de forma populista y plebiscitaria; mientras que la Democracia Representativa se ajusta al principio de contrapesos sustentado en la división de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; establecido en el Estado de Derecho, en el que la autoridad sólo puede ejercer lo que le está previamente permitido en la ley. El ciudadano puede ejercer lo que desee exceptuando lo prohibido.

 

 

Por tal motivo, la pregunta que decretó la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la consulta popular, concluyó en una atribución híbrida, pues no otorga ni todas las atribuciones a la democracia participativa en detrimento a la democracia representativa o viceversa. El esfuerzo concluyó en lo más equitativo posible, sin restar facultades al pueblo ni tampoco desconocer las atribuciones a los poderes constituidos. Además se acataron los principios de estabilidad y certeza jurídica, por ejemplo, a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna (artículos 14 y 16 constitucionales) entre otros dogmas.

 

 

La pregunta que redactó la Suprema Corte de Justicia de la Nación -criticada por algunos y saludada por otros-, está sustentada en la Constitución; en el ejercicio de la atribución otorgada por el articulo 35 fracción V. El método para elaborar esta pregunta se realizó en un ejercicio colegiado entre los integrantes del pleno de la Corte, fue sometido a votación, para que quedara como cosa juzgada y en condición de irrevocable.

 

 

El resto de los actores de las entidades públicas participativas en la organización de la Primer Consulta Popular, deberían evitar discutir su alcance sino solo acatarlo, para evitar incurrir en la inconstitucionalidad de la pregunta.

 


Al final, el texto terminó así. “Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”.

 

 

Los noventa y tres millones inscritos en el listado nominal solo debían optar por señalar un categórico SI, que se traducía “en sí quiero que los juzguen” o su opuesto NO “no quiero los juzguen”. Pues al tachar ambas respuestas, la papeleta sería anulada; o en caso de que ninguna fuera elegida, se sumarían a la abstención. Bajo este criterio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cumplió.

 

 

Por su parte, el Instituto Nacional Electoral acató el requisito de celebrar la Consulta en la fecha ordenada en la Constitución (art.35 fracción V) también le dió fiel cumplimiento y la consulta se desarrollo el primer domingo de agosto de 2021, iniciando la jornada las 57 mil mesas receptoras, cada una de ellas con la participación de al menos cuatro funcionarios lo que hace una suma de 228 mil ciudadanos, respaldando la jornada de la primera consulta popular, una vez más son los connacionales los que hacen posible que esos ejercicios democráticos se cumplan; a las 8:00 am horario del centro o su equivalente en los estados con huso horario propio, y se cerró a las 18.00 horas, respectivamente, este ejercicio tuvo en operación a 40 mil observadores, quienes tuvieron la misión de vigilar que la participación fuera ordenada y legal. El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, dió el banderazo de inicio en una conferencia de prensa. sin dejar pregunta sin respuesta ni medio desatendido, a diferencia de lo que ocurre en “las mañaneras”.

 

 

Al término de la jornada de la histórica consulta popular, empezó la danza de números, y dado el interés que se tenía para conocer las cifras duras se acudió al método del conteo rápido, que consiste en seleccionar aleatoriamente mediante una elección de mesas representativas del universo de 57 mil instaladas.

 

 

Y una hora cuarenta minutos después del tiempo de cierre de las mesas receptoras de opinión ciudadana, a las 19:40 p.m. del día de la consulta; el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova nos informaba que de los 93 millones de ciudadanos habilitados para ejercer sus derechos de manifestar su libre voluntad en la consulta popular, solo habían concurrido 6 millones 600 mil;

 

 

es decir, el 7.09 % del listado nominal. Lo que indica que el 17.72% del requisito establecido en la ley para que tuviera efectos vinculantes, en cambio se dieron las siguientes consecuencias: a) No alcanzaron el 40% de la participación requerida en el artículo 35 fracción II constitucional, para surtir efectos vinculantes con los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, quedando estos en una condición jurídicamente inocua; b) en términos financieros las opiniones se encarecieron ya que los 500 millones de pesos que costó el fallido evento de consulta popular se traduce en la nada jurídica; o dicho de otra manera, es un dispendio sin utilidad alguna.

 

 

Las preguntas obligadas: ¿Cuántos medicamentos oncológicos para niños con cáncer se podían haber comprado?; ¿Cuántas aulas se podían haber acondicionado para que tuvieran mejor ventilación y evitar al máximo el contagio de Covid 19 en la población infante o adolescente? etc.,etc.

 

 

Esta es tan solo la primera etapa del nulo proceso de la 1a Consulta Popular, aún no termina; vienen las escenas de acusaciones recíprocas; las reacciones de réplica y venganza; de autoridad política a ciudadanos; a partidos políticos; a medios de comunicación; a los de “antes” y buscar mas distractores; porque pareciera que el tema de la sucesión adelantada ya se desgastó; eso sin considerar que todo ejercicio de dinero de origen público debe ser fiscalizado, para saber cuánto costó la publicidad en contra de los expresidentes, cuál es su origen lícito del recurso y cuáles fueron los costos en especie.

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